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Nuevo sistema para casos de corrupción ordenó detenciones en Lima y Cuzco

17 may 2017
17h04
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El nuevo sistema judicial para casos de corrupción de funcionarios en Perú, creado a partir del escándalo Odebrecht, ordenó hoy la detención del exgobernador regional de Cuzco Jorge Acurio y el abogado José Francisco Zaragozá, así como el allanamiento de inmuebles, por el cobro de un soborno en 2013.

El exgobernador regional, detenido en la surandina Cuzco, deberá acudir en Lima a la audiencia de control de identidad que realizará el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Manuel Chuyo, en las próximas horas.

El magistrado ordenó también la detención preliminar por 48 horas del abogado José Francisco Zaragozá Amiel, representante de la empresa extraterritorial en la cual se depositó el presunto soborno, así como el allanamiento de seis inmuebles en Lima y cinco en Cuzco, según informó el Poder Judicial.

Ambos detenidos son investigados por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos debido al presunto pago de un soborno de tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht en 2013.

De acuerdo a la Fiscalía, Acurio pactó una coima con Odebrecht por 3 millones de dólares para favorecerla con el otorgamiento de la autopista Vía de Evitamiento del Cuzco.

El abogado Zaragoza fue el representante de la empresa Wircel S.A. que habría recibido los presuntos pagos de Odebrecht para Acurio.

Por su parte, el juez Chuyo también autorizó el allanamiento de las oficinas de Zaragoza y varios inmuebles del empresario Gustavo Salazar Delgado, como supuesto intermediario en el cobro del soborno.

La resolución judicial que autorizó los allanamientos señaló, según el relato de un colaborador eficaz, que luego de acordar el pago del 3 % del costo de la obra Vía Circunvalación, Acurio señaló que el dinero debía depositarse en las cuentas de la empresa Wircel S.A. y que Salazar se encargaría de dar los detalles de la operación, según informó el diario La República.

Salazar Delgado era gerente general adjunto de La Positiva Seguros y Reaseguros cuando se hizo el pago a Acurio y actualmente es representante de varias compañías peruanas.

El estudio de abogados Rebaza, Alcázar & De Las Casas informó, en un comunicado, que el allanamiento en sus oficinas respondió a los servicios que brinda su socio José Francisco Zaragozá a la empresa Wircel S.A. investigada por la Fiscalía.

"Estos servicios no están relacionados con ningún tipo de asesoría legal de la firma al Grupo Odebrecht", precisó el estudio de abogados, que remarcó que "en ningún momento" tuvo conocimiento sobre "acto de corrupción alguno".

"El estudio está trabajando en esclarecer lo ocurrido en este asunto con Wircel S.A. y colaborando plenamente con todas las investigaciones de la Fiscalía", precisó.

Acurio ha sido acusado por la Fiscalía de haber recibido el soborno de Odebrecht para entregar la construcción de la vía de evitamiento del Cuzco, más de 1.100 kilómetros al sur de Lima, por 297 millones de soles (unos 90,5 millones de dólares), un monto que terminó incrementándose en 63 millones de soles (19,2 millones de dólares).

El exgobernador fue inhabilitado en diciembre del 2013 como presidente regional del Cuzco por el Jurado Nacional de Elecciones, después de que un tribunal lo condenó a 4 años de prisión suspendida por colusión ilegal y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio de la municipalidad provincial de Calca.

En Perú, la Fiscalía investiga los sobornos entregados por Odebrecht por 29 millones de dólares en un periodo que comprende el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011) y el de Ollanta Humala (2011-2016).

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