Tuesta se refirió así a la denuncia hecha anoche por el Frente Independiente Moralizador (FIM) contra el candidato del Partido Aprista Peruano (PAP), Freddy Ghilardi, a quien acusa de pretender sobornar a personal de la ODPE del Santa para ganar las elecciones regionales en Ancash.

El funcionario afirmó que el caso debe ser denunciado al Ministerio Público porque constituye un delito penal, pero que nada tiene que ver con los resultados de los comicios.

Tuesta explicó que es improbable que se puedan modificar los datos durante el conteo de votos, como aparentemente pretendía Ghilardi, porque en los centros de cómputo de cada ODPE existe observadores internacionales, fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) además de personeros técnicos de los partidos póliticos.

Agregó que las actas digitadas en las ODPE son además escaneadas por lo que cualquier alteración de los datos contenidos en esta es fácilmente detectable.

"Si quisieran sobornar a alquien para alterar los datos en el céntro de cómputo, tendrían que comprar a todos: a los digitadores, a los funcionarios de la ODPE, a los obervadores, fiscalizadores y los personeros", dijo Tuesta.

El jefe de la ONPE añadió que aún si se lograra tal manipulación de datos, en un caso hipotético, la normatividad electoral permite contrastar esos datos con los que contienen las otras actas electorales de garantía que se encuentran en poder de otras instancias.

Tuesta recordó que el día de la votación, los miembros de mesa llenan hasta seis juegos de actas originales, y que están son entregadas a la ODPE y al Jurado Electoral Especial JNE de la jurisdicción, a la sede central de ONPE y el JNE, y a las Fuerzas Armadas.

"Si alguien duda de los resultados que da la ONPE tiene los medios legales para pedir que se contrasten con las actas de garantía que tienen el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial o las Fuerzas Armadas", dijo.

En ese contexto, Tuesta criticó a los candidatos y simpatizantes de algunas agrupaciones políticas que han utilizado la violencia para protestar por supuestos fraudes electorales, y han agredido a funcionarios de ONPE y destruido instalaciones y material electoral.

Advirtió que esos actos ya han sido denunciados ante el Ministerio Público para que éste denuncie penalmente a los responsables por atentar contra la voluntad popular expresada en las urnas.

"Existen canales regulares para pedir incluso la nulidad de la votación de una mesa, o en un distrito, provincia o región; pero no se puede admitir actos de violencia y destrucción de locales electorales", dijo Tuesta.

"Estoy seguro que en la mayoría de los casos son perdedores que no aceptan los resutlados y lo que quieren es impedir que el proceso electoral culmine con éxito", agregó.

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