La anulación del indulto al ex empresario televisivo José Enrique Crousillat de ninguna manera pone en riesgo la estabilidad jurídica de los indultos dictados a favor de otras personas, aseguró el ex presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma.
Argumentó que ello no ocurre porque se trata de una medida excepcional para el caso de un indulto humanitario dictado y anulado por la misma persona que lo otorgó, en este caso, el Presidente de la República.
“Además, este indulto humanitario fue concedido sobre bases fácticas que aparentemente no son ciertas, de que la vida de la persona beneficiada era de extrema gravedad, pero todo indicaría que no es así”, dijo.
Desestimó, en ese sentido, que a partir de la anulación de este indulto puedan revisarse o incluso revocarse indultos otorgados a otras persona, o durante otras administraciones gubernamentales.
García Toma recordó, además, que el indulto es un derecho de gracia y facultad discrecional del presidente de la República, y que el propio Poder Ejecutivo decidió antes reglamentarlo con procedimientos y condiciones materiales, para que el Mandatario decida su otorgamiento o no.
Añadió que en el caso Crousillat se ha producido un error o falsedad en los hechos lo que han motivado que se anule ese indulto humanitario específico.
“El Presidente ha hecho bien, pues al existir la presunción de que los hechos no son tales como aparecen en el informe la comisión, de que estos habrían sido falseados o errados, ha decidido modificar su decisión”, anotó.
Esta mañana, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa, consideró que la anulación del indulto a Crousillat acaba con la estabilidad jurídica de dichas medidas dictadas en el pasado.