Recordó que en esa oportunidad, cuando era integrante de ese organismo, el TC resolvió que científicamente no se había acreditado que la referida píldora era abortiva y por eso permitió su repartición por el
Ministerio de Salud.
“Aquí hay una contradicción, que debería aclarar y corregir el Tribunal, pues la sentencia es discriminatoria, porque solo afecta a un sector (a los más pobres), ya que permite su venta en las farmacias”, dijo a la Agencia Andina.
Lamentó que el TC haya incurrido en un error e indicó que el Estado tiene todo el derecho de recurrir a las instancias internacionales en busca de revertir los efectos del “polémico” fallo.
Alva Orlandini indicó, asimismo, que el reglamento interno del máximo organismo constitucional permite aclarar los términos de fallos que pueden causar controversia y de esa manera corregir errores de interpretación.
En tal sentido, opinó que el Estado debe pedir al TC una aclaración de su fallo, por resultar discriminatorio.
También dijo que el magistrado Carlos Mesía, vicepresidente del tribunal, debería explicar su cambio de posición sobre el tema, ya que en la sentencia del 2006 votó a favor de la distribución de este tipo de método.
El TC ordenó esta semana que el Estado cese la distribución gratuita de dicha píldora como parte de una política nacional de salud desde el 2006, “por no existir la certeza de los efectos abortivos de la pastilla”.
La decisión fue catalogada de "absurda" por el ministro deSalud, Oscar Ugarte, porque "significa que si alguien la puedepagar, la seguirá usando y los pobre no".
La decisión del TC recibió duras críticas de parte de la prensa, grupos feministas y de las autoridades de Salud que recordaron que en el 2006 el mismo tribunal falló a favor de la entrega gratuita de la pastilla.
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara Gotelli, explicó que el fallo donde se prohíbe al Ministerio de Salud la distribución gratuita de la denominada "píldora del día siguiente”, responde a que no se ha despejado la duda de si es abortiva o no.
El magistrado remarcó que ante esas dudas se optó por el “derecho a la vida”.
Píldora anticonceptiva