La Sala Penal Nacional de Perú absolvió a los ex altos mandos del Ejército peruano acusados de la desaparición forzada de tres personas en 1990, en el marco de la guerra interna entre el terrorismo y las fuerzas del Estado.
Los militares absueltos son los generales Mario Brito y Oswaldo Hanke, así como los coroneles Jesús del Carpio y Mario Salazar, y el jefe del Batallón Contra Subversivo 313 "Los Laureles", el general Miguel Rojas.
Tras una larga lectura de la sentencia, que se prolongó durante buena parte del día, la Sala Penal señaló que no contaba con las pruebas suficientes para dictar la culpabilidad de los siete acusados, que en 1990 ocupaban algunos de los puestos más importantes del Frente Huallaga.
Durante el desarrollo del juicio la acusación trató de demostrar que la desaparición entre mayo y noviembre de 1990 de Esaú Cajas, Samuel Ramos y Jesús Liceti no fue un hecho aislado sino fruto de una política de lucha antisubversiva y que, por lo tanto, no era sólo responsabilidad de los autores materiales de los hechos.
Siguiendo la misma idea de "autoría mediata" que permitió condenar al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) a 25 años de cárcel, la acusación aseguraba que los responsables eran los siete acusados.
El abogado de la acusación civil, Carlos Rivera, defendió durante el proceso que en esta ocasión los responsables no formaban parte de un grupo especial de aniquilamiento, como fue Colina, sino de unidades regulares que aplicaban la política de guerra sucia contra el terrorismo.
A la salida del juicio, el propio Rivera anunció que presentará un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y otro a la Corte Interamericana con el objetivo de que se inicie un nuevo juicio.
Entre 1980 y 2000 el enfrentamiento entre Sendero Luminoso y las fuerzas del Estado dejaron en Perú casi 70.000 muertos, la mitad de los cuales fueron causados por el Ejército y la Policía, según la Comisión por la Verdad y la Reconciliación.
 "Violencia política")