Los vocales supremos ratificaron así una resolución emitida en octubre del 2000 por una sala judicial, entonces digitada por Vladimiro Montesinos, que estableció que no hubo delito porque los padrones en los que se presentaron las firmas falsas eran originales.
Entre los implicados en el caso figuran Fujimori, Montesinos y otros colaboradores y ex funcionarios del Estado.
El caso fue denunciado por el diario "El Comercio" en febrero de 2000 cuando se develó que el movimiento Perú 2000 había organizado una "fábrica" de firmas falsas para alcanzar el requisito legal que permitiera la inscripción de la candidatura de Fujimori a su tercera elección consecutiva.
El diario presentó las declaraciones de varios jóvenes que aseguraban haber participado en el presunto delito electoral y los vínculos de allegados al entonces gobierno con funcionarios de los órganos electorales.
Sin embargo, la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros decidió en octubre de 2000 que no había delito porque los listados donde se recogieron las firmas de apoyo a la candidatura de Fujimori eran originales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La sala en mención, que actuaba bajo las órdenes de Montesinos, evitó declarar sobre la validez de las firmas y se limitó a certificar la legalidad de los documentos usados.
Posteriormente, en el año 2003, un juzgado ratificó la validez de la resolución absolutoria para el partido de Fujimori, la cual ahora ha sido refrendada por la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema que rechazó el recurso de nulidad presentado por la procuraduría y por la fiscalía.
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