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 Editorial - 01/10/2001 EL FUTURO DE ELECTROANDES Y NOSOTROS LOS USUARIOS Mientras que Indecopi continúa analizando el caso Electroandes, crecen las discusiones en el mercado eléctrico sobre cómo puede perjudicar esta operación a los usuarios. El punto central en discusión es si Indecopi debe aprobar o negar la solicitud de PSEG, accionista mayoritario de Luz del Sur, para adquirir la generadora estatal. El control de Electroandes por Luz del Sur implica una concentración vertical que supera ampliamente los límites que establece la Ley (no más de 5% si la concentración es vertical y no más de 15% si es horizontal). PSEG se adjudicó el primer lugar en la subasta realizada en julio pasado, con una oferta de 227,1 millones de dólares, monto superior al precio base fijado en 120 millones de dólares. Más aun, PSEG ofreció 47,1 millones de dólares más que la propuesta calificada en segundo lugar. Desde entonces, una interrogante ha flotado en el mercado: ¿Es la oferta superior al valor de mercado de la empresa? Se especula, por ejemplo, que en realidad la firma norteamericana estaría pagando un premium por razones estratégicas. El Estado, si no lo piensa bien, podría estar feliz por ello, pero no así los usuarios, pues a la larga esa diferencia terminará saliendo de sus bolsillos. El visto bueno de Indecopi dependerá de que PSEG demuestre que la operación beneficiará al mercado y a la sociedad en general. En la audiencia pública realizada el pasado viernes 14, Osinerg opinó rechazando abierta y tajantemente la operación, recomendando negar la autorización. La principal preocupación del ente regulador de la energía se refiere a los efectos directos que puede traer la operación para el mercado de clientes libres. La Defensoría del Pueblo y dos asociaciones de usuarios se han pronunciado en un sentido similar. Las asociaciones de usuarios temen que sean los consumidores quienes terminen pagando en sus facturas el sobreprecio ofrecido por la empresa accionista de Luz del Sur. El argumento es sencillo: si bien los precios de los usuarios están regulados, la operación tendrá sin duda un impacto negativo sobre los clientes libres, el cual a su vez repercutirá sobre los usuarios regulados. Las tarifas reguladas no pueden diferir en más de 10% de las que se cobran en el mercado libre: si suben las tarifas para los clientes libres, subirán las tarifas para nosotros los clientes regulados. Se sabe que la seductora oferta de PSEG ejerce un irresistible atractivo para que el Estado peruano acepte la integración y que algunos expertos están conceptualmente a favor de la integración vertical. Si Indecopi aprobase la operación en contra de la opinión del ente regulador de la energía, ¿cómo se debería entonces evitar que la integración vertical perjudique a los usuarios? Sin duda, será necesario imponer a Luz del Sur condiciones sumamente estrictas. Estas restricciones deberían incluir de todos modos la separación efectiva de las operaciones de Luz del Sur y Electroandes, controles estrictos a los subsidios cruzados y una intensiva supervisión de las prácticas de la empresa. Es particularmente necesario proteger a los usuarios de posibles prácticas anticompetitivas. Para ello, sería conveniente establecer el requisito de concurso público para todas las adquisiciones de electricidad que realice Luz del Sur, sean éstas tanto para atender clientes libres o regulados. En ellas, por supuesto, la participación de las operadoras deberá ser en la más absoluta igualdad de condiciones con Electroandes. Este mismo mecanismo debería aplicarse para la suscripción de contratos con los clientes libres ubicados en la zona de concesión de Luz del Sur. Existiendo el antecedente de Endesa, aprobar la integración vertical sería una señal de que existe un cambio radical en el modelo de desarrollo del sector. De inmediato, aumentaría la concentración, con la torta repartida entre dos grandes grupos. Para ello, se requerirá una regulación y supervisión más estricta, lo cual demanda incurrir en mayores costos de regulación y, por supuesto, fortalecer institucionalmente a Osinerg. ¿Cuánto representará en costos esta necesidad de mayor supervisión? No tenemos una idea exacta al respecto, pero lo que sí sabemos es que será elevada y, lo más importante, que finalmente la terminaremos pagando los usuarios. Alguno de ustedes se preguntará por estos US$47 millones que dejaría de recibir el Estado. Bueno, permítame decirle que el costo de recibirlos sería mucho mayor: al crear, de facto, un duopolio de grupos generadores-distribuidores integrados verticalmente, el atractivo de invertir en las generadoras que el Estado está presto a privatizar disminuiría inmediatamente y, por lo tanto, lo recaudado en las privatizaciones venideras se reducirá en más de US$47 millones, con seguridad. Por todo esto, la mejor opción para el país es denegar a PSEG la autorización para la integración vertical.  |
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