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La columna de Hernán Garrido Lecca.
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Editorial - 09/07/2001
NOSOTROS LOS CONTRIBUYENTES Y EL SIMA
Aún el más radical neoliberal de la década pasada hubiese asignado al Estado la función de la defensa de la soberanía nacional. A nadie –pensaba yo- se le ocurriría privatizar la defensa nacional. Sin embargo, hace unos días un desinformado presidente del INDECOPI ha sentenciado que el SIMA, entre otras empresas estatales, tendría sus días contados.
El SIMA es una empresa pública de derecho privado: una formula empresarial consagrada en la Constitución. No obstante, no es la típica empresa pública rezago del gobierno militar del General Velasco y de la fiebre que llevó al Estado a convertirse en empresario y controlar el veinte por ciento del PBI. El SIMA nació de la necesidad de que nuestra Marina de Guerra preserve la inversión que todos los contribuyentes hemos hecho en la flota naval con que contamos para disuadir a potenciales enemigos o para enfrentarlos en caso de conflicto. El dique seco (1936) y el arsenal naval (1938) fueron la base sobre la cual, en 1950, se creó el SIMA (casi 20 años antes de que se iniciase la fiebre de las Cualquier cosa-Perú).
Así, el SIMA es una empresa distinta en su naturaleza a, por ejemplo, TANS cuya existencia nada tiene que ver con las necesidades de la defensa nacional. Para que me entienda el señor presidente del INDECOPI: el equivalente a TANS en Marina, sería una empresa de cruceros. El SIMA, por eso, no está en el sector MITINCI; está en el sector Defensa. La pregunta correcta no es si el SIMA debe existir o no, sino que, dado que el país requiere la capacidad para reparar y mantener operativa la flota naval que con tanto esfuerzo hemos pagado los contribuyentes; y, dado que resulta obvio que esta capacidad debe estar en manos del Estado, la pregunta que debiéramos hacernos es entonces:¿el SIMA a debe ser una dependencia de Marina o debe ser una empresa pública de derecho privado?
Si el SIMA fuese simplemente una dependencia de Marina, esto implicaría que tanto la inversión en infraestructura y recursos humanos como los gastos operativos tendrían que ser parte del presupuesto de Defensa y, por tanto, en su totalidad una carga adicional al bolsillo de los contribuyentes. Si hacemos del SIMA lo que es hoy, una empresa pública de derecho privado, tenemos la capacidad de reparar y mantener operativa nuestra flota naval sin comprometer su seguridad y le damos la posibilidad no sólo de generar recursos propios que alivien la necesidad de recurrir al bolsillo de los contribuyentes sino, además, de contribuir al desarrollo del país mediante la transferencia de tecnología adquirida para fines militares pero que puede tener múltiples usos civiles (como estudiante de MIT fui testigo de cómo desarrollos tecnológicos militares derivaron en nuevas tecnologías para mejorar la vida cotidiana del ciudadano común y corriente). El SIMA es hoy, sin lugar a dudas, una bisagra de absorción y adaptación de tecnología.
Ahora bien, haciendo un esfuerzo, puedo llegar a imaginarme que el presidente del INDECOPI lanzó sus temerarios comentarios inducido por una semi-velada e interesada campaña sobre una supuesta competencia desleal que el SIMA estaría ejerciendo sobre empresas privadas del sector construcción. Si este fuese el caso, tenemos que empezar por aclarar que en el supuesto que el SIMA estuviese realizando prácticas anticompetitivas, lo que correspondería –de acuerdo al marco legal vigente- es que quien o quienes se sintiesen afectados demandasen al SIMA por competencia desleal ante INDECOPI: no se de dónde se le ocurre al presidente de dicha institución que él o alguien puede decretar, al más puro estilo fujimorista, la liquidación de una empresa que actúa dentro de lo establecido por la Constitución y que fuera creada por ley (a menos que él mismo también decrete que tiene los poderes que la Constitución otorga al Congreso) ante una no presentada denuncia formal de competencia desleal. Me explico: es como si en el recordado y polémico caso de los polleros, la Dra. Beatriz Boza hubiese decretado la liquidación de todas las empresas avícolas del país.
Por último, valdría la pena recordar que el SIMA Callao, operación principal del SIMA en donde más del 95% de los empleados son civiles, es uno de los importantísimos empleadores de la Provincia Constitucional del Callao. Hoy que la avenida Argentina no es más que el mausoleo más grande del Perú, hoy que la suerte de los últimos trabajadores portuarios pende de un hilo, la privatización del SIMA sería un golpe de gracia para la actividad económica y la esperanza del pueblo chalaco.
Sirvan estas líneas, finalmente, para saludar a quienes han laborado y laboran en el SIMA y expresarles el orgullo que sentimos muchísimos peruanos de los logros alcanzados a lo largo de su historia.
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Si el SIMA fuese simplemente una dependencia de Marina, esto implicaría que tanto la inversión en infraestructura y recursos humanos como los gastos operativos tendrían que ser parte del presupuesto de Defensa y, por tanto, en su totalidad una carga adicional al bolsillo de los contribuyentes.
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