Tan fuerte ha sido la campaña periodística a nivel nacional que hemos tenido que desechar la mal denominada escolaridad, una remuneración que se ajusta a todos los requerimientos de la ley, no es indebida y que es percibida por todos los funcionarios al servicio de la Nación, pero en diferentes escalas.

Hoy el presidente del Congreso de la República llevado por el vaivén de los medios de comunicación y con el solo objetivo de apaciguar las críticas periodísticas y preservar su imagen ha anunciado una propuesta para eliminar los gastos operativos de los parlamentarios, pretendiendo recortar en más del 50% los ingresos con que operan y funcionan los despachos congresales, hecho que ha merecido un valiente comentario en contra por parte del prestigioso y conocido periodista César Hildebrandt a través de su sintonizado programa televisivo.

El destacado hombre de prensa sostiene que no es malo ni pecaminoso que un Congresista de la República perciba una remuneración acorde con la responsabilidad y el cargo que ostenta. Nada más cierto, que muchos no comprenden o no quieren entender por soterrados y oscuros intereses personales y de grupo.

Un relativo alto sueldo para un parlamentario tiene su debida justificación como son el alto cargo que representa y la gran responsabilidad de su labor pública en bien del país, que lo hace merecedor durante cinco años de un ingreso decoroso y suficiente para el buen cumplimiento del encargo encomendado por sus electores. Así de sencillo y claro.

En la administración privada donde los sueldos de los altos ejecutivos son en dólares y superan largamente a lo percibido por un congresista, también se justifican dada la importancia y responsabilidad de su cargo gerencial en la administración y defensa de la inversión privada realizada por su empresa. En el caso de nosotros, los legisladores, tenemos el mandato popular de salvaguardar los recursos y bienes del Estado, y decidir el futuro de la Nación y sus 27 millones de habitantes.

La comparación es válida para que todos tengan una idea de la complejidad y delicadeza de nuestro trabajo que es a tiempo completo y no nos permite por ley realizar otra actividad paralela, como sí lo pueden efectuar los ejecutivos en la empresa privada multiplicando considerablemente sus ingresos durante tiempos indeterminados.

En el caso de los congresistas de provincias, nuestra labor se duplica habida cuenta que de lunes a viernes dedicamos todos nuestros esfuerzos y sapiensa en el Palacio Legislativo, mientras que los sábados y domingos debemos visitar la región que representamos porque allí también contamos con un despacho congresal desconcentrado donde atendemos personalmente las demandas y requerimientos de nuestros paisanos y sus autoridades, y velamos por el mejoramiento de su calidad de vida con gestiones, coordinaciones y pedidos al más alto nivel. ¿Cuándo descansamos? Nunca, durante el período de nuestra elección.

Todos cuestionan los gastos operativos que recibimos mensualmente, pero pocos saben - y muchas veces el periodismo quiere ignorar - que dicho monto permite el funcionamiento tanto el despacho congresal de Lima como el de provincias, formando un equipo de trabajo con asesores, secretarias, auxiliares y seguridad, además de los gastos corrientes inherentes al trabajo legislativo que generalmente requiere de constantes y periódicos viajes al interior y fuera del país por la envergadura de nuestra función.

Un sueldo justo y decoroso para un congresista es sumamente necesario y justificado en nuestra incipiente democracia y porque nos estimula a un mejor desempeño en un clima de relativa tranquilidad económica personal y de nuestras familias, quienes dejamos nuestro terruño para servir a nuestro pueblo, aunque luego de cumplido los cinco años de gestión parlamentaria nada nos asegura conservar el mismo nivel de vida, gasto y bienestar.

Además, un parlamentario mal pagado hace proclive que la corrupción lo envuelva tarde o temprano, u origine un deficiente desempeño que a la postre ponga en riesgo la función legisladora y de fiscalización y atente contra los intereses nacionales y de todos los peruanos.