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14/09/2004 LOS PROCURADORES AD HOC SE CREEN INTOCABLES Por: Heriberto Benítez Congresista de la República Frente Independiente Moralizador (FIM)  Los graves delitos de corrupción que se cometieron durante la década de Alberto Fujimori obligaron al gobierno actual a contratar procuradores ad hoc para que se encarguen de defender los intereses del Estado ante el grave daño causado por el prófugo nipón, su asesor presidencial Vladimiro Montesinos y otros personajes de su entorno. En esa importante labor se comprendía no sólo los delitos cometidos contra la administración pública sino, también, lo relacionado al tráfico ilícito de drogas, crímenes de lesa humanidad y otros ilícitos penales. En teoría, los procuradores ad hoc tienen la responsabilidad de intervenir en los procesos penales y coordinar con el Ministerio Público algunas diligencias importantes, pudiendo solicitar las actuaciones judiciales que fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos y estar vigilantes para lograr que la judicatura aplique una sanción ejemplar y el Estado logre una adecuada reparación civil de acuerdo a la magnitud del daño causado. Ahora bien, somos testigos de que la tarea emprendida por los procuradores ad hoc no es fácil, ni sencilla. Al contrario, resulta dura y en algunos casos incomprendida. También hemos apreciado el esfuerzo de los defensores del Estado para lograr el respeto al debido proceso legal y las garantías judiciales; sin embargo, existen algunas deficiencias que deben ser corregidas y/o enmendadas de inmediato. Los procuradores ad hoc han confundido la tarea que les corresponde, con las justas pueden con las causas judiciales de la década de Fujimori y ahora quieren ampliar su radio de acción legal contra la corrupción del actual gobierno. Resulta increíble el afán desmedido por abarcar todas las causas contra la corrupción, cuando para eso existen los procuradores públicos de cada sector. Hasta ahora no encontramos resultados judiciales positivos en los temas vinculados a narcotráfico, ni a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el siniestro y macabro grupo Colina, capitaneado por el mayor EP Santiago Martin Rivas. Sólo hemos apreciado los procesos menores, al estilo talk show, donde hay un fuerte desgaste de energía que, seguramente, pretende justificar la abultada planilla mensual. Tampoco hay resultados exitosos en lo relacionado a la extradición de Alberto Fujimori, ya que el Japón ha formulado algunas preguntas propias de un estudiante del primer año de derecho y está solicitando mayores indicios probatorios. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los responsables de la formación del cuaderno de extradición? ¿Sólo los jueces? Algunos podrían creer que la mejor defensa de Alberto Fujimori sería un pedido de extradición deficiente, otros dirán que Japón lo protege. Por otro lado, casi a diario, observamos a los distintos procuradores ad hoc apareciendo en diversos medios de comunicación, buscando los titulares o las portadas de algunos diarios, enfrentándose al jefe de Estado, “preocupados” por el tema de la supuesta falsificación de firmas de País Posible o “exigiendo” por las garantías para la testigo Gladys Alvarez o para afirmar que ellos defienden al Estado pero no al gobierno o para decir que podrían renunciar si los siguen incomodando. Sin embargo, no acuden a los medios de comunicación para informar cómo están desarrollándose los procesos contra los violadores a los derechos humanos, ni para explicar porqué hasta hoy no se ha levantado el secreto bancario de las cuentas de Máximo Agustín Mantilla Campos en el extranjero, ni para reclamar por la demora de un año en la Corte Suprema para determinar quién es el juez competente para procesarlo, ni para hablar de la extradición de Ernesto Schutz, ni de los Crousillat, ni de Calmell del Solar, entre otros prófugos de la justicia. Los procuradores ad hoc han demostrado cierto grado de intolerancia y engreimiento, ya que no aceptan, ni admiten ningún tipo de críticas o discrepancias, se sienten endiosados, intocables e irremplazables y se creen el santuario de la lucha contra la corrupción. Esperamos que el Ministerio de Justicia haga una verdadera evaluación y análisis de la tarea que han desempeñado y si la balanza se inclina positivamente, entonces, que les renueven el contrato. Terra Networks Perú S.A no se hace responsable de las opiniones y comentarios vertidos a través de la columna "Ventana Parlamentaria", siendo los mismos responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.  |
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