La última ofensiva normativa que ha promulgado el gobierno regional del Cuzco en relación a liberalizar el cultivo de coca ha llevado a reactivar una vez más una discusión que, pese a ser reiterativa, muy pocas novedades ha traído. Pero lo más triste es saber que persiste mucha desinformación, mucha hipocresía y mucha mentira en la manera de tratar el tema de la droga. Y el gobierno da el ejemplo.
La ecuación simplona coca = narcotráfico = delincuencia = fin del Perú, que el actual gobierno formula como espantapájaros frente a nuevas propuestas en el tema de la hoja de coca, debiera ser retirada de una vez. No sólo es un insulto a la inteligencia sino que esconde demasiados puntos clave para tratar el tema no solo seriamente sino, sobretodo, defendendo los intereses de los peruanos. La hoja de coca es una cosa y el narcotráfico es otra. Vincularlas indisolublemente es tan arbitrario como condenar a la industria farmacéutica por la existencia de drogas sintéticas de diseño. Para la producción de pasta básica la coca es un insumo más dentro del complejo proceso de elaboración, lo que incluye consumo inusual de energía eléctrica, hidrocarburos y productos químicos de diverso tipo. Sin embargo el torpe dedo de gobierno sólo señala a los campesinos cocaleros.
El narcotráfico es todo un millonario negocio donde los cocaleros son el eslabón más débil: A ellos los explotan los narcos con precios abusivos y sobre ellos se ceba la represión policial. Casi no se habla del inmenso y creciente consumo de cocaína en EEUU y Europa. Y cualquier estudiante de primer año de Economía sabe perfectamente que una demanda sólida y constante crea una oferta que de una u otra manera ha de ser satisfecha. Por otro lado muy poco se dice de los procesos de blanqueo de dinero, cuentas millonarias anónimas y el insidioso secreto bancario que no solo nutre el sistema financiero estadounidense sino da razón de ser a los paraísos fiscales y ha convertido a islotes del Caribe en países con más soberanía y bienestar que la que tienen nuestros campesinos en el valle de La Convención.
Sin ir muy lejos, tenemos el reiterado discurso sobre la prevención de nuestra juventud del flagelo de la droga, pero ¿Quiénes en éste país son los principales consumidores de la cocaína más pura y más cara? Buena parte de la clase dominante, de los sectores pudientes que no tienen reparos en rociar con polvo blanco las fiestas más sonadas aquellas en que participan con entusiasmo congresistas, jueces y grandes empresarios- que dan en sus mansiones de La Molina o en sus ranchos playeros del sur de Lima. Por no hablar de esos ejemplos para la juventud como son el grueso de los personajes de la farándula y más de un futbolista famoso, a quienes se les perdona su adicción. ¿Por qué no ejercer esa benevolencia a otros peruanos?
El gobierno, fundamentalmente, se dedica a aplicar de forma obediente la política antidrogas del Departamento de Estado norteamericano. Cree que con ello va a solucionar el azote del narcotráfico. Craso error. Dichas políticas sólo servirán para que Washington aplauda y nos arroje alguna medallita de buena voluntad. Pero no resolverá un problema terriblemente complejo que necesita de una visión abierta, desprejuiciada y plural. Además, nos consta una mirada adicional: La de los intereses de nuestro país y de nuestra gente.
Debemos tener el control de nuestros recursos y no adjudicárselo alegremente a terceros. Eso vale tanto para la minería como para la hoja de coca. Control no significa estatismo sino simplemente que nuestra gente y sus instituciones tengan acceso a mecanismos donde intervenir en caso que los intereses nacionales sean perjudicados. Este país tiene una larga tradición de Contratos Dreyffus, donde ha sido usual que nuestros gobernantes malvendan lo que no es suyo. Así casi acabamos con la anchoveta, desforestamos impunemente la Amazonía, permitimos que las grandes potencias nos prohíban comercializar nuestras hierbas medicinales a punta de patentes dolosas, convertimos a los Andes en un queso Gruyère rodeado de ríos contaminantes. Así también permitimos que nuestra hoja de coca termine vendida al narcotráfico o incautada (para ser vendida al narcotráfico también como en los mejores/peores tiempos de Fujimori) cuando esta planta atesora toda una serie de potencialidades de ser explotada positiva y legalmente.
Como ya lo ha recomendado el Parlamento Europeo, hay que desarrollar la investigación y aplicación de los aspectos beneficiosos de la hoja de coca, de la cual ya hay amplios informes favorables: Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, farmacopea y otros usos medicinales e industriales, por mencionar unos cuantos.
La coca puede ser nuestro oro verde. Un oro gestionado por sus propios productores, bajo control ciudadano y comercializado con transparencia. Pero para eso hace falta valentía y fe en este país, exactamente lo que nos reclamaba Raimondi, exactamente lo que le sigue faltando a la gran mayoría de nuestros gobernantes y políticos.