La defensa peruana le imputa al ex mandatario usar su poder en el gobierno para emitir irregulares decretos de urgencia a fin de transferir casi mil millones de soles al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de los ministerios de Defensa e Interior.
Para esto habría contado con el apoyo de sus ex ministros fujimoristas Víctor Joy Way, Jorge Baca Campodónico, César Saucedo Sánchez, Jorge Camet Dickman, y Carlos Bergamino Cruz, entre otros.
Asimismo, habrían participado el ex contralor Víctor Caso Lay, quien se encuentra prófugo de la justicia, supuestamente en Panamá; y el ex jefe nominal del SIN, Julio Salazar Monroe.
Para todos ellos, la Procuraduría Anticorrupción también pidió que paguen cada uno 50 millones de soles de reparación civil a favor del Estado.
La Fiscalía Suprema los acusó indistintamente por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión ilegal, malversación de fondos y falsedad ideológica.
Cabe señalar que el ex mandatario no podría ser juzgado por estos hechos hasta que la justicia peruana y chilena amplíe la extradición por los delitos que se le imputa por la desviación de fondos al SIN.
Sin embargo, podría reservarse el juicio, y procesar a los ex ministros por estos hechos, en el cual el Estado peruano perdió mil millones de soles.
La Sala Penal Permanente debe fijar fecha del inicio del juicio oral para estos procesados.
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