La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento declaró improcedente una denuncia presentada contra el ex presidente Alejandro Toledo por haber supuestamente utilizado para su uso personal fondos de donaciones destinados a personas indigentes.
La acusación fue presentada por el procurador had hoc, Gino Ríos, quien formuló una denuncia contra Toledo por el supuesto delito de peculado contra la administración pública en la modalidad de peculado.
La Subcomisión, luego de analizar la denuncia, concluyó que el ex gobernante no tenía dentro de sus funciones la administración del mencionado fondo.
También se concluyó que esa función le correspondía a quien ejercía el cargo de Tesorero de la Dirección Ejecutiva de Contabilidad y Tesorería.