Así, el Parlamento 1980-1985 no cumplió con su función constitucional de fiscalización, al abdicar a ejercer control sobre lo que en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac venía sucediendo a propósito del conflicto.

Encontrándose en este período la mayor cantidad de peruanos muertos o desaparecidos a causa de la guerra, el Congreso no efectuó ninguna investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que tanto el PCP-SL como las fuerzas del orden iban acumulando impunemente.

116. La CVR debe señalar que frente a la militarización del conflicto, el Congreso no planteó ninguna alternativa o plan viable. La principal actividad normativa estuvo a cargo del Ejecutivo. Y cuando, finalmente, el Congreso retomó dicha función, no hizo sino reafirmar su escasa voluntad de comprometerse a encontrar respuesta severa y eficaz frente al fenómeno subversivo.

117. La CVR señala que la aprobación por el Congreso de la Ley 24150 que establecía las normas a cumplir en los estado de excepción por los que las FFAA asumían el control del orden interno, en todo o parte del territorio, fue un intento de legalizar lo que en los hechos venía sucediendo, inhibiendo legalmente a la autoridad civil en beneficio de la militar.

Así, esta decisión significó, por un lado, una estrategia equivocada que condujo a la relativización del poder democrático civil y, por otro, a la reducción de la política anti-subversiva a un ámbito de represión y control militar.

118. Sin embargo, la CVR debe anotar que a partir de 1985 funcionaron comisiones investigadoras sobre casos de gran impacto en la opinión pública. Aunque ninguna logró quebrar el círculo de la impunidad los debates parlamentarios y los dictámenes en minoría generaron corrientes importantes de opinión pública en contra de las violaciones a los derechos humanos.

No obstante, cabe señalar que si bien el Congreso se encargó de llevar adelante la investigación de importantes casos de violaciones a los derechos perpetradas por las fuerzas del orden, no hizo un esfuerzo similar para investigar y demandar sanción sobre terribles casos de violaciones perpetradas por SL.

119. La CVR anota que en el Congreso surgido a partir de las elecciones de 1990, el Ejecutivo careció por primera vez de mayoría propia.

Aprovechando el desgaste de los partidos políticos y el desprestigio del Legislativo, el gobierno de Alberto Fujimori y los promotores de una política anti-subversiva autoritaria y militarizada, sobredimensionaron su ineficacia y sus problemas y no tuvieron reparos en presentar al Congreso como parte del “campo enemigo”, esta idea era coincidente con la del PCP-SL, que entendía al Congreso como un reducto del “revisionismo” y parte del “viejo Estado” que había que destruir.

120. La CVR halla que entre 1990 y 1992, el Congreso adquirió otra fisonomía. El que no existiese una mayoría parlamentaria gobiernista y el avance de la subversión, empujaron a una mayor concertación y a participar de manera más activa en el diseño de una política anti-subversiva dentro de marcos democráticos.

La nueva actitud se hizo visible en el debate sobre legislación anti-subversiva de noviembre de 1991. De otro lado, en materia de su función de control parlamentario, el Congreso de 1990-92 intervino en situaciones de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno.

Sin embargo, el golpe de abril de 1992 que cerró el Parlamento con la anuencia de un sector mayoritario de la opinión pública, mostró que ese fue un esfuerzo tardío e insuficiente para controlar a los poderes fácticos y corrientes autoritarias del país. Para entonces los partidos políticos parlamentarios evidenciaban claros signos de agotamiento y crisis.

121. La CVR considera que después del golpe de 1992 el Congreso, tanto el CCD como el Congreso 1995-2000, careció de cualquier capacidad de fiscalización, tanto por el recorte constitucional de sus atribuciones como por la mayoría parlamentaria absoluta que mantuvo la bancada gobiernista hasta el año 2000.

La pálida labor parlamentaria en la lucha contra-subversiva se vio agravada por el desarrollo de un proceso de manipulación normativa de alta nocividad social, que buscó, entre otras cosas, montar un aparato que garantizara la impunidad a las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales.