La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil transición a un régimen democrático en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país.
79. La CVR reconoce que el partido Acción Popular tuvo que enfrentar la subversión un escenario difícil por la complejidad del Estado sobredimensionado legado por el gobierno militar, por la debilidad de un sistema de partidos sin vida democrática significativa, por relaciones cívico-militares marcadas por la distancia y la desconfianza y por la existencia de una izquierda de gran tamaño y radicalidad.
80. La CVR recuerda que en ese contexto, el presidente Belaúnde propuso diversas políticas de frente, que sólo fueron aceptadas por su aliado, el Partido Popular Cristiano. Los demás partidos optaron por mantener sus propios perfiles. Ese desacuerdo complicó enormemente las posibilidades de una respuesta unitaria a la amenaza subversiva.
81. La CVR encuentra que el conflicto armado interno fue considerado por varios meses como un problema marginal que había tomado por sorpresa al Estado y a todas las fuerzas políticas del país.
Una vez que el incremento del número de acciones subversivas armadas lo volvió inocultable, el gobierno de AP y la oposición perdieron un valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los hechos, a partir de sus propias agendas políticas .
Debe señalarse que ese tiempo perdido en diagnósticos errados o interesados fue crucial para el asentamiento del PCP-SL en diversas áreas del campo ayacuchano, sin una respuesta estatal organizada por el gobierno.
82. La CVR constata que el gobierno optó por enfrentar al PCP-SL con las fuerzas policiales y con medidas de excepción que se prorrogaron ininterrumpidamente.
Las limitaciones de las fuerzas policiales, divididas en tres instituciones sin coordinación entre ellas, desprovistas de equipamiento básico y sin el respaldo de una política contrasubversiva coherente generaron, en poco tiempo, un rechazo de la población que fue trasladado hacia el gobierno. Éste, ante la actividad cada vez más violenta de SL, optó por ceder la conducción de la lucha antisubversiva a las FFAA a fines de 1982.
83. La CVR considera que la decisión adoptada por el gobierno de AP inició un proceso de militarización que duró más de una década y que tuvo graves consecuencias para el país. Con el establecimiento de comandos político-militares y ante la inoperancia del poder político para contribuir en la lucha contrasubversiva en los campos no-militares, se produjo una subordinación de hecho de las autoridades civiles locales a las estrategias contrasubversivas de las FFAA.
84. La CVR ha establecido que los comandos político-militares y la intervención de las FFAA se realizaron sin tomar las previsiones indispensables por parte de la autoridad civil para salvaguardar los derechos fundamentales de la población, permitiéndose en consecuencia numerosas violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y/o generalizada.
85. La CVR concluye que el gobierno de Acción Popular toleró estas violaciones de derechos humanos, haciendo caso omiso de las numerosas denuncias por diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad civil. Tal es el caso de matanzas como las de Putis, Pucayacu, Cabitos, entre las más notorias.
Asimismo, durante ese período de gravísima violencia, el parlamento con mayoría gobiernista no nombró ninguna comisión investigadora. La única comisión fue nombrada por el Ejecutivo para investigar la matanza de ocho periodistas en la comunidad de Uchuraccay, donde la CVR ha constatado que murieron, además, 135 campesinos quechuas en el transcurso del año posterior a la masacre, la mayoría a manos de Sendero Luminoso.
86. La CVR encuentra que esa injustificada tolerancia del gobierno de AP hacia los atropellos a los derechos fundamentales de la ciudadanía, se sustentaba en la intención y la expectativa de acabar con la subversión en el corto plazo, sin considerar su costo en vidas humanas. Dicha política fue ratificada por la Ley 24150 promulgada en 1985.
87. La CVR encuentra responsabilidad política en el gobierno de Acción Popular por su tolerancia con las violaciones de derechos humanos cometidas por parte del Estado, principalmente contra la población indígena, la más desprotegida y marginada del país, y halla en ella una lamentable muestra de esos hábitos de discriminación y racismo existentes en la sociedad peruana.
88. Las cifras de la CVR revelan que entre 1983 y 1984 se produjo la mayor cantidad de muertes anualizadas de todo el conflicto, causadas por las campañas de asesinatos del PCP-SL y la cruenta respuesta oficial, que según los cálculos de la CVR dejaron 19,468 víctimas fatales, es decir, 28 por ciento del total estimado para todo el conflicto armado interna. Estas cifras que pasaron casi imperceptibles para el resto del país, debido a las graves fracturas étnicas de nuestra sociedad.
