13. Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR.
14. La CVR ha comprobado que el PCP-SL desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaban controlar.
15. La CVR ha encontrado que el PCP-SL fue en contra de las grandes tendencias históricas del país, poniendo en práctica una férrea voluntad política se expresó como un proyecto militarista y totalitario de características terroristas que no conquistó el apoyo duradero de sectores importantes de peruanos.
16. La CVR considera que la ideología en que el PCP-SL sustentó su proyecto fue de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y por tanto reñida con todo valor humanitario. Desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos.
17. La CVR ha constatado que el PCP-SL logró su cohesión interna a través del llamado Pensamiento Gonzalo que reflejó el culto a la personalidad de Abimael Guzmán Reynoso, fundador y dirigente de la organización, a quien se le consideró la encarnación del pensamiento más elevado en la historia de la humanidad.
18. Para la CVR, el PCP-SL, de acuerdo a su ideología, adoptó una estrategia que buscó consciente y constantemente provocar respuestas desproporcionadas por parte del Estado sin tener en cuenta el profundo sufrimiento que ello ocasionaba a la población por la que decía luchar.
19. La CVR considera que el PCP-SL llevó la ideología fundamentalista y la organización totalitaria a sus extremos. En su acción subversiva se constata una trágica ceguera: ve clases, no individuos. De allí su falta absoluta de respeto por la persona humana y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes. Exacerbó en ellos una vena fanática que se convirtió en su sello de identidad.
20. La CVR ha constatado características del PCP-SL que se desplegaron desde un comienzo a través de ajusticiamientos realizados con sevicia, prohibición de entierros, y otras manifestaciones delictivas, incluido el uso de coches-bomba en las ciudades.
21. La CVR encuentra asimismo un potencial genocida en proclamas del PCP-SL que llaman a «pagar la cuota de sangre» (1982), «inducir genocidio» (1985) y que anuncian que «el triunfo de la revolución costará un millón de muertos» (1988). Esto se conjuga con concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas.
22. La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas instituciones del sistema educativo como principal cabecera de playa y que a través de ellas logró expandir su prédica y captar núcleos minoritarios de jóvenes de uno y otro sexo en diferentes partes del país. Si bien ofrecía a los jóvenes una utopía que les brindaba identidad totalizante, en el fondo los encerraba en una organización fundamentalista y opresora a través de cartas de sujeción a Abimael Guzmán Reynoso.
23. La CVR ha constatado que la prédica del PCP-SL pudo tener aceptación fugaz, en razón de la incapacidad del Estado y de las élites del país para responder a las demandas educativas de una juventud frustrada en sus esfuerzos de movilidad social y de aspiración de progreso.
24. La CVR ha encontrado que el PCP-SL secundó las tesis maoístas y convirtió a las zonas rurales en el escenario principal del conflicto. Sin embargo, no tomó en cuenta las necesidades y aspiraciones económicas del campesinado, ni sus organizaciones propias ni sus especificidades culturales, y convirtió, más bien, a los campesinos en masa que debía someterse a la voluntad del partido. La disidencia individual en la masa llevó a asesinatos y aniquilamientos selectivos, y la disidencia colectiva condujo a masacres y arrasamientos de comunidades enteras.
25. La CVR ha establecido que la presencia del PCP-SL en los andes y la respuesta contrasubversiva del Estado revivió y militarizó viejos conflictos intra e intercomunales. Catalogó como enemigos de clase a los sectores relativamente más conectados al mercado o a las redes e instituciones regionales o nacionales, y decretó su destrucción. Su guerra campesina contra el Estado se convirtió en muchos casos en enfrentamientos entre campesinos.
26. La CVR ha constatado que la violencia extrema practicada por el PCP-SL en las localidades rurales de los andes se extendió también a los centros urbanos. Lima y otras ciudades fueron también escenario complementario y sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y actos terroristas, especialmente bajo la modalidad de coches-bomba. Desde un principio, pero más aún en la segunda mitad de la década de 1980 y principios de los años 90, Lima resultó ser además un importante centro de reclutamiento para el PCP-SL.
27. La CVR señala que la concepción ideológica del PCP-SL implicaba la destrucción del viejo Estado desde sus cimientos, ello los llevó al asesinato de autoridades, especialmente locales: alcaldes, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz. Pero también autoridades nacionales: ministros, parlamentarios y otros representantes de los poderes del Estado. El 12 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR que fueron causadas por el PCP-SL eran autoridades. Además, incurrió en el asesinato masivo de dirigentes sociales, hombres y mujeres, dirigentes comunales, alcaldes varas, dirigentes campesinos, sindicales, barriales, magisteriales y de organizaciones de mujeres.
28. La CVR por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, señala que miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos. Del mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR, graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades. La perfidia con la que actuó el PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, incrementando en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades.
29. La CVR encuentra la más grave responsabilidad en los miembros del sistema de dirección del PCP-SL por el conflicto que desangró a la sociedad peruana, por los siguientes elementos:
30. Por haber dado inicio a la violencia en contra del sentimiento abrumadoramente mayoritario de la población; por haber planteado su lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria; por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios rurales y poblaciones campesinas, con un alto costo en vidas y en sufrimiento humano; por su política de genocidio mediante actos de provocación al Estado; por su decisión de proclamar el llamado equilibrio estratégico que acentuó el carácter terrorista de sus acciones.
31. La CVR hace notar la profunda irresponsabilidad y menosprecio del PCP-SL hacia sus propios militantes, a quienes se les inducía a matar y morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras que sus dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reynoso, permanecían en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones, prácticamente durante todo el conflicto. Esta incongruencia se expresó de la manera más patente cuando, tras ser capturado, Abimael Guzmán Reynoso, abandonó casi inmediatamente la tesis del equilibrio estratégico y solicitó al gobierno un acuerdo de paz junto con un reconocimiento explícito y sumamente elogioso al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
32. La CVR expresa su pesar por los miles de jóvenes que resultaron seducidos por una propuesta que constataba los profundos problemas del país y proclamaba: «la rebelión se justifica». Muchos de ellos, con voluntad de transformar esa realidad injusta, no advirtieron que el tipo de rebelión que planteaba el PCP-SL implicaba el ejercicio del terror y la implantación de un régimen totalitario. Quedaron así encuadrados en una organización absolutamente vertical, y totalitaria que les inculcaba el desprecio por la vida, castigaba las discrepancias y exigía plena sumisión. Muchos de ellos murieron inútil y cruelmente. La CVR llama al país a impulsar las reformas institucionales necesarias para que proyectos terroristas y totalitarios no encuentren nunca más eco alguno entre los jóvenes.
33. La Comisión constata constatar que a diferencia de otros países de América Latina por esa misma época, entre 1980 y 1992 el conflicto armado interno se desarrolló mientras imperaba en el Perú un régimen democrático, con elecciones libres, libertad de prensa y el sistema político más inclusivo de nuestra historia contemporánea. El PCP-SL y el MRTA se autoexcluyeron de manera unilateral del sistema democrático y socavaron más bien con sus acciones armadas el régimen político democrático instaurado en 1980.